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Bruselas, mayo 2004
Mediante
el siguiente informe queremos ofrecerles un resumen de los trabajos
en el sector de la política social europea de los últimos años 1999-2004
y mostrarles que el Partido Popular Europeo también es activo de forma
competente y organizada en este sector. "El PPE tiene la aspiración
de seguir siendo la mayor fuerza política dentro del escenario europeo.
Esto implica que sea de forma aún más clara el partido de la economía
social de mercado y, de igual modo, el partido de empresarios y trabajadores."
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| Elmar
Brok (miembro del
Parlamento Europeo) Presidente de la Unión Europea de los Trabajadores Demócratas Cristianos (UETDC) |
Bartho
Pronk (miembro del
Parlamento Europeo) Presidente del grupo de los trabajadores del Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas Europeos al Parlamento Europeo |
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Comisión
de asuntos sociales y empleo del Parlamento Europeo:
Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos) y Demócratas
Europeos
COMISIÓN
DE ASUNTOS SOCIALES 5° legislatura 1999-2004
De aquí al año 2010, la UE deberá transformarse en el espacio económico de base científica más competitivo y dinámico del mundo. La comisión ha concretizado estas aspiraciones y exige: medidas para la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres en materia de remuneración y acceso al mercado de trabajo, una mejora de la cooperación entre todos los actores en el mercado laboral, si bien evitando que el pacto de estabilidad sea abandonado en favor de medidas de incentivación del empleo y las empresas se vean gravadas con más impuestos, así como una concentración de las medidas de empleo en unos puntos fundamentales, de modo que las líneas de actuación sean ahora éstas: 1) mejora de la capacidad de empleabilidad, 2) desarrollo del espíritu de empresa, 3) promoción de la capacidad de adaptación de las empresas y sus trabajadores, y 4) refuerzo de las medidas para la igualdad de oportunidades. Un papel importante en la aplicación práctica de las resoluciones de Lisboa desempeñó el debate sobre la reforma de los sistemas de seguridad social. Así, se ha podido poner barrera a las exigencias, en opinión del Partido Popular Europeo excesivas, relativas a una armonización de las disposiciones sociales en todos los Estados miembros, a un salario y renta mínimos para todos y una reducción del tiempo de trabajo. Por otro lado, se definieron, como principios básicos de la modernización del sistema, los siguientes parámetros: trabajar debe volver a merecer la pena, las condiciones generales deben favorecer la estabilidad salarial; las pensiones deben descansar en un sistema financiable a largo plazo; deben adoptarse medidas de inserción social y debe garantizarse un sistema sanitario sostenible y de alta calidad. Complementariamente se proponen planes de jubilación complementarios, a cuyo efecto se articulan a escala europea normas que regulan la supervisión pública de estos fondos de pensiones, la eliminación de los obstáculos a la movilidad de los trabajadores y las adaptaciones al desarrollo demográfico. Impulsada por las resoluciones de la Cumbre de Lisboa, la comisión se ocupó también exhaustivamente de la calidad de los puestos y ofertas de empleo y de su seguridad a largo plazo. Se trata no sólo de ver si un lugar de trabajo está técnicamente bien equipado, sino de evaluar también las condiciones de trabajo, especialmente la manera en que puedan conciliarse las exigencias profesionales y familiares y facilitarse a los trabajadores de avanzada edad la permanencia en el mercado laboral. La comisión trabajó sobre todo por la mejora de las directivas sobre la ordenación del tiempo de trabajo, previendo la integración de sectores profesionales hasta ahora no incluidos en su ámbito de aplicación, la reglamentación de los tiempos de conducción en el transporte por carretera y las condiciones laborables de los trabajadores subcontratados. En el mismo contexto se sitúan también los esfuerzos por seguir mejorando la protección de la salud y la seguridad en el trabajo. Se aprobaron directivas sobre la protección contra el peligro que supone el amianto en el trabajo, así como contra vibraciones y ruidos, y también sobre las condiciones mínimas de utilización de medios para aminorar los riesgos de accidentes de los empleados que trabajan en altura. Para la mejora de la calidad de la oferta de empleo se trata principalmente de intensificar los esfuerzos en los ámbitos de la educación y de la formación. Para alcanzar el objetivo de una economía de base científica, la comisión reivindica que los sistemas educativos sean más efectivos y que se subsanen los déficits cualitativos en las tecnologías de la información y de la comunicación. De cara a la rápida transformación tecnológica y la intensa competencia mundial se apuesta por el aprendizaje continuo, que deberá estimularse con incentivos económicos. Para mejorar las condiciones de vida sobre todo de los hogares más pobres, entre los que destacan los hogares de familias monoparentales, y agilizar la integración social de su integrantes, se aprobó un programa de acción para impulsar el trabajo en común de los Estados miembros contra la exclusión social dotado con 75 millones de euros. También continuaron los esfuerzos por superar las discriminaciones por motivo de raza u origen étnico. Las discriminaciones, en opinión de la comisión, no solo deben cesar en los ámbitos de la educación, ocupación, protección social o servicios médicos, instaurándose un derecho a compensación por los daños causados a las víctimas de discriminaciones, siempre que el acusado demuestre no haberse comportado por su parte de forma excluyente, sino que debe combatirse también la desigualdad de trato por motivos de edad, religión, idiosincrasia, discapacidad o tendencia sexual. Sobre todo debe proporcionarse un acceso sin obstáculos a actividades remuneradas y a la formación profesional, y tenerse en cuenta la igualdad de trato en las condiciones de trabajo, en concreto en lo que concierne a la remuneración y el despido. La comisión también se ocupó de la Agenda Social presentada por la Comisión, cuyo plazo de ejecución es de 5 años, a contar desde el 2001. Con ella debe asegurarse una positiva y dinámica interacción de las políticas económicas sociales y de empleo. A la comisión le preocupa ante todo reforzar el papel de la política social como factor catalizador, responder adecuadamente a los retos del cambio económico y social, propiciar la adaptación a nuevos entornos de trabajo y crear mejores puestos de trabajo. La Agenda Social contiene reflexiones, objetivos y posibilidades de cambio que, en los ámbitos del empleo, el cambio social y técnico, la igualdad y la seguridad social, habían sido discutidas en la comisión en los últimos dos años. Como medio para alcanzar estos objetivos se prevé intensificar la coordinación de las políticas nacionales (coordinación abierta), adoptar las disposiciones legislativas apropiadas e instrumentalizar los fondos estructurales y el diálogo social. En este contexto deberá prestarse apoyo a la realización de estudios, a proyectos de investigación y a la integración en todas las políticas y acciones del parangón de la "mejor práctica". La comisión también se ocupó de manera exhaustiva de la codificación del Reglamento 1408/71, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores migrantes. Se ha logrado extender el círculo de beneficiarios a todas las personas que se han trasladado de un país a otro en el seno de la Unión, simplificar las definiciones y conceptos legales vigentes, y garantizar el derecho del jubilado a recibir asistencia médica en el país donde ha trabajado. Se ha podido evitar el reconocimiento a escala europea de las parejas homosexuales, una extensión del concepto de familia y la extensión de los derechos propios del ciudadano europeo a personas de terceros países.
The
European Union of Christian Democratic Workers (EUCDW) consists of 23
workers' organisations from 15 countries and is an association of the
European People's Party (EPP).
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